Recursos que hoy se destinan inapropiadamente a la hepatitis C podrían dirigirse a la atención de COVID-19 ¿Por qué?

28-Jul-2020

  • En el Día Mundial contra la hepatitis, 19 organizaciones sociales vinculadas a la campaña Regálate 1 Minuto hace un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, desde 13 ciudades del país.
     

  • El Gobierno Nacional tiene la posibilidad de reorientar USD$699 millones que podrían destinarse a la atención de otras necesidades de salud pública.

Bogotá.- El número de personas infectadas por la COVID-19 se incrementa día tras día. Las autoridades sanitarias del país señalan que estamos entrando en la etapa crítica de la pandemia.

 

Paralelo al incremento del impacto del virus en las comunidades, viene la demanda constante de recursos para enfrentar la situación: más equipos médicos, suficiente personal de salud y la expectativa de garantía de acceso a medicamentos que sean eficaces para el tratamiento de la infección, entre otros. En otras palabras, inversión en recursos.

 

Otra consecuencia de la COVID-19 es la falta de atención y acceso a medicamentos para otras patologías, debido a que los servicios de salud han concentrado su trabajo en las personas afectadas por COVID.

 

La gestión de gobierno y sus efectos colaterales

Desde el Gobierno Nacional se han gestionado varios créditos internacionales para hacer frente al impacto de la COVID-19. El 31 de marzo, el Banco Mundial desembolsó US$250 millones ($917.000 millones de pesos) para el país, con tal propósito. Además, con el Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral se tramitaron otros 14 mil millones de dólares (54,6 billones de pesos).

 

El pasado mes de Junio, Rafael de la Cruz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, señaló a la revista Dinero que el BID le prestará a Colombia US$1.700 millones. Agregó que el Banco Mundial otorgará otros créditos por US$700 millones destinados a financiar la respuesta a la pandemia.

 

Esta gestión con los organismos de financiación y la banca internacional tiene un efecto secundario: el incremento de la deuda externa, un compromiso que en el mediano plazo tendremos que asumir los colombianos.

 

El gobierno tiene a su alcance una fuente de recursos para responder a la COVID-19 y también favorecer a las comunidades afectadas por la hepatitis C (VHC): Declarar de interés público los medicamentos requeridos para el tratamiento de VHC.

 

En 2015, la Fundación IFARMA solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social declarar de interés público estos medicamentos y en 2017 el Ministerio informó sobre el inicio del proceso administrativo correspondiente. No obstante, tres años después del anuncio la acción administrativa no avanza.

En respuesta a esa solicitud, en 2017 el Ministerio realizó la compra centralizada de medicamentos a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), operación que facilitó pasar de $100 millones de pesos por tratamiento (2015) a $17,5 millones / tratamiento (US$4.500).

 

En 2019, la OPS ofreció un tratamiento genérico equivalente y precalificado por la Organización Mundial de la Salud con un precio de US$129, costo 34 veces menor que el que se logró con la compra centralizada. $469.302 pesos por tratamiento, (tasa de cambio de $3.638 COP / US$1,oo), lo que se traduce en un ahorro de $14,6 millones por paciente.

 

A este beneficio que ofrece la OPS pueden acceder los países donde los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C no tengan patentes vigentes, situación que no cumple Colombia y que impide ofrecer el tratamiento, con un menor costo y mayor cobertura, liberando recursos para atender a las personas afectadas por la COVID-19. Esta situación se puede corregir declarando de interés público los medicamentos y procediendo a expedir licencias obligatorias para uso público no comercial.

 

¿Cuánto dinero podría liberar la declaración de interés público?

El Ministerio tramita una orden de compra a la OPS para adquirir cerca de 1.000 tratamientos, transacción que se ejecutará a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

 

Con el precio actual (USD$4.500) esa compra tendrá un costo superior a los 15 mil millones de pesos. Si se da paso a la Declaratoria de Interés Público, esa compra podría ser de $434,5 millones. Un ahorro de 14.900 millones de pesos.

 

Desde hace varias semanas, la Fundación IFARMA y el Comité de Veeduría Ciudadana y Cooperación en Salud le han señalado al Ministerio de Salud y Protección Social esta alternativa que permitirá un doble beneficio (las personas afectadas por la COVID-19 y quienes requieren tratamiento de hepatitis C).

 

Esta decisión optimiza el uso de los recursos públicos y permite reducir el monto de la deuda externa, deuda que finalmente pagarán los ciudadanos a través de impuestos.

El Ministerio estima que en Colombia hay cerca de 325 mil personas con hepatitis C y de esa población, el 50% no conoce su diagnóstico y podría necesitar tratamiento. Es decir, 160 mil tratamientos.

 

Para adquirir esos 160 mil tratamientos con el precio actual de la compra centralizada se invertirían USD$720 millones (USD$4.500 / tratamiento).  Si el Ministerio orienta su gestión hacia el beneficio de las comunidades y la salud pública, dando vía libre a la declaratoria de interés público esos 160 mil tratamientos costarían USD$20,6 millones, dejando USD$699 millones que podrían destinarse a la atención de otras necesidades de salud pública.

 

COVID-19: ¿Una barrera para acceder a servicios de salud?

Frente al impacto del coronavirus en la salud pública, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha expedido distintos decretos y resoluciones que buscan facilitar el acceso a los servicios de atención para quienes se vean afectados con el virus, así como las rutas a seguir para atender otras condiciones de salud, en el contexto de la emergencia sanitaria que el Gobierno Nacional decretó el 12 de marzo de 2020.

 

El MSPS determinó que los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los habitantes de calle, las víctimas de la violencia, los grupos étnicos, la población con discapacidad y las personas que viven con una enfermedad crónica son grupos prioritarios para recibir atención telefónica, virtual y domiciliaria.

 

Al indagar sobre los efectos de la situación en la prestación de servicios de salud para los grupos considerados prioritarios, la realidad que se encuentra es algo diferente.

 

Las personas con enfermedades crónicas

El VIH es una enfermedad crónica y por tanto las personas que viven con VIH hacen parte de las comunidades prioritarias, en esta emergencia.

 

No obstante, distintas organizaciones de personas que viven con VIH han señalado que encuentran distintas barreras para recibir atención médica o los medicamentos que requieren en sus tratamientos.

 

La Red Colombiana de Personas que Viven con VIH (RECOLVIH) hizo un llamado público al Gobierno Nacional, a las autoridades sanitarias del país, a los órganos de control y a las empresas que prestan servicios de salud para que tomen las medidas necesarias que permitan el acceso la atención médica y recibir sus medicamentos en tiempo oportuno.

 

Organizaciones sociales de personas que viven con VIH han denunciado que no todos los servicios de salud han implementado las alternativas señaladas por el Ministerio de Salud tal como telemedicina y entrega de medicamentos a domicilio. Además, señalan que con regularidad se cancelan citas médicas.

 

Otras enfermedades que presentan barreras para la atención son artritis, cáncer, diabetes y las personas trasplantadas.

 

 

 

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