Tratamiento de hepatitis C y usuarios de drogas inyectables: la situación no es como la pintan.


Bogotá.- En Colombia se tienen distintas disposiciones que abordan el acceso al tratamiento de la hepatitis C para las personas que se inyectan drogas. A propósito del COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social ha divulgado guías de atención, resoluciones y circulares, que buscan garantizar la atención en salud para esta población.

Sin embargo, la situación no es como la pintan.

Panorama mundial

En el mundo, más de 11 millones de personas se inyectan drogas y afectan su salud con infecciones de transmisión por vía sanguínea, tal como el VIH y la hepatitis C.

Así lo señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe mundial para 2019.

El documento señala que del total de personas que se inyectan drogas, 1.4 millones vive con VIH.

En la población que se inyecta drogas, cerca de 5,6 millones de personas tienen hepatitis C y un millón doscientas mil personas presentan coinfección del VIH con hepatitis C.

El escenario nacional

Se estima que en Colombia 15 mil personas consumen drogas por vía intravenosa.

El Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia y del Derecho señala que la prevalencia de la hepatitis C entre las personas que se inyectan drogas está entre el 50 y el 80 por ciento. Este dato lo comparte en el documento titulado La heroína en Colombia: producción, uso e impacto en la salud pública, que publicó en 2015.

El Observatorio considera que en las personas que consumen drogas inyectables y que tienen diagnóstico positivo para VIH, el índice de coinfección con hepatitis C está entre el 50 y el 90 por ciento, siendo la principal causa de muerte.

La Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y precisa que el sistema de salud debe procurar el mejor uso social y económico de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la salud de toda la población.

Este principio legislativo lo acoge la Resolución 1692 que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió en mayo de 2017 y que estableció los criterios para la compra centralizada de medicamentos requeridos en el tratamiento de la hepatitis C y el seguimiento a los pacientes diagnosticados con esa enfermedad.

La Resolución 1692 garantiza el acceso al tratamiento para la hepatitis C para quienes lo requieran, en concordancia con la Ley Estatutaria de Salud, normatividad que cobija a las personas que se inyectan drogas y han sido diagnosticadas con hepatitis C.

La emergencia sanitaria

El 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19 y expidió distintas medidas para enfrentar la situación.

En los meses de marzo y abril, el Ministerio divulgó un documento de recomendaciones y dos guías con lineamientos para las estrategias que facilitan la atención de las personas que consumen sustancias psicoactivas, durante la pandemia.

El Ministerio señala que la continuidad de la atención incluye comunicación telefónica, formulación de medicamentos y diferir procedimientos que impliquen riesgo.

La guía 21 traza los lineamientos para las estrategias de reducción de daños en las personas que consumen drogas psicoactivas y precisa que la atención en salud, el acceso a los medicamentos y el seguimiento del paciente, son parte de esas estrategias.

Recomienda a los servicios de salud y a los equipos de atención extramural favorecer el acceso a medicamentos, como la metadona, para el manejo de la dependencia por consumo de opioides.

La guía 22 establece los lineamientos para la atención de personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y con dependencia a opioides, en mantenimiento con metadona. Precisa que esta población es prioridad para la atención en salud.

La oferta de servicios de salud no es pertinente

La Corporación Teméride es una organización sin ánimo de lucro que, desde 1999, adelanta en el departamento de Risaralda acciones de apoyo psicosocial y terapéutico con población vulnerable en situación de calle, personas privadas de la libertad, personas que viven con VIH y personas que se inyectan drogas, entre otras.

Hugo Castro, director de la corporación, considera que las personas que se inyectan drogas no cuentan con una oferta de servicios que se ajuste a sus características culturales, económicas y sociales, así como a las limitaciones propias de la condición vulnerable. Precisa que la oferta apunta a lograr la abstinencia, situación que hace evidente la falencia de los programas para responder a las necesidades de esta población.

El podcast que acompaña esta nota comparte el testimonio de dos mujeres que consumen drogas inyectables y tienen hepatitis C hace varios meses, pero aún no logran tener tratamiento por decisiones que contradicen las disposiciones del Ministerio de Salud.

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