MinSalud tiene un plazo de 48 horas para convocar al
Comité Técnico que define futuro de

medicamentos para hepatitis C.

Bogotá, (IFARMA), diciembre 17 de 2020.- El Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez, tiene un plazo de dos días para convocar al Comité Técnico Interinstitucional, instancia que determina si existen o no razones para declarar de interés público los medicamentos antivirales de acción directa (ADD) requeridos en el tratamiento de la hepatitis C y la expedición del correspondiente acto administrativo.

Así lo decidió ayer el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá, en respuesta a la acción de cumplimiento que presentaron el pasado mes de octubre la Federación Médica Colombiana, la Fundación IFARMA y Misión Salud, motivadas por el silencio del Ministerio de Salud en el proceso de Declaratoria de Interés Público para estos medicamentos.

El documento del Juzgado 23 hace el requerimiento al Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz Gómez, para que cumpla la decisión que ese despacho judicial informó el 1 de diciembre de 2020 para tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso de las organizaciones solicitantes, el cual ha sido vulnerado por el Ministerio de Salud.

“A efectos de proteger y amparar el derecho fundamental, ORDENASE al Representante Legal del Ministerio De Salud Y Protección Social, para que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a realizar el comité con el fin de determinar si existen o no razones de interés público para la declaratoria de los antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C y la expedición del correspondiente acto administrativo”, precisa el juzgado en su documento.

Advierte al Ministro que el presente trámite corresponde a un incidente de desacato de una sentencia dictada dentro de una acción constitucional, y que de no responder el requerimiento judicial dentro del término concedido de 48 horas, se ordenará el inicio de todas las acciones que correspondan a la inobservancia de las providencia judiciales.